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La falta de viviendas es un problema que no cede

La vivienda es un derecho, pero además es una carencia. A cada momento escuchamos hablar de la falta de viviendas. A cada momento vemos que faltan viviendas. Cuando se escucha a algún político, algún dirigente, hay coincidencias en este tema, pero lo que no hay son viviendas; o mejor dicho, se construyen viviendas, pero la carencia no cesa.

Hace algo más de dos años, un funcionario nacional advertía que había un déficit habitacional creciente en la Argentina y que en los últimos 30 años no ha parado de crecer. Además, señalaba que eran 12 millones de personas las que tienen problemas de vivienda. ¿Cuántas son hoy? No hay datos oficiales por el momento.

En ese momento, y lo citamos a manera de ejemplo, el Gobierno nacional anunciaba un presupuesto para viviendas de 25 mil millones de pesos, de los cuales 16 mil eran para la construcción de viviendas sociales. A pesar de eso (algo que se repitió en varios años y gobiernos) el Estado aportaba y aporta menos viviendas de las que necesita el crecimiento de la población, de manera que la problemática no cede.

En ese momento se indicaba -como indicábamos- había alrededor de 12 millones de argentinos con problemas de vivienda y faltaban 1,3 millones de casas y otras 2,7 millones tenían que ser refaccionadas o no cuentan con la infraestructura básica.

La pregunta era y sigue siendo cuál es la manera posible de dar un giro real a este problema y, además, lograr concretar la construcción de las viviendas que hacen falta y que el ciudadano pueda pagar las mismas.

Argentina tiene un déficit habitacional de alrededor del 25 por ciento, mientras que en Chile, tras aprobarse medidas al respecto, se logró bajar el déficit habitacional al 8 por ciento. De manera que es posible.

La Constitución

La Constitución nacional, en su artículo 14 bis, dice: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”. Claro que con lo legal solamente, no alcanza.

Censo

Habrá que esperar el nuevo censo para enterarnos cuántas personas tienen problemas de vivienda hoy, tanto en el país como en la provincia.

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